Fuente: Infojus
Por: Cristian Navazo
Una jueza neuquina falló a favor a una comunidad indígena
que reclamaba quitar los alambrados de un campo al que llevaban a pastorear a
los animales. En la última década se multiplicaron los conflictos alrededor de
la ganadería trashumante. ¿La legislación indígena está por sobre el derecho
privado?
Una mañana de enero de 2009, un joven mapuche de la
comunidad Tuwum Kupalmeo Maliqueo abrió la tranquera con la que el exjuez
federal Pedro Duarte había cerrado un campo en el paraje Paso del Arco, a pocos
kilómetros de la localidad turística de Villa Pehuenia, Neuquén. Duarte fue a
la justicia: pidió el desalojo. Los mapuches respondieron: las tierras de
veranada, los lugares adonde se lleva el ganado durante los meses de calor, no
pueden ser de acceso restringido.
Duarte -juez federal durante la última dictadura- negó la
existencia de la comunidad porque no tenía personería jurídica. El 9 de
noviembre de 2012, la jueza de Zapala Gloria Martina falló a favor de los
mapuches: consideró que la tierra de veranada es de “posesión tradicional
indígena”, y señaló la prevalencia del derecho de los pueblos originarios,
basada en el Convenio 169 de la
OIT, y las Constituciones Nacional y de Neuquén.
En la última década se multiplicaron los conflictos
alrededor de la ganadería trashumante, un ancestral modo de subsistencia
pastoril de criollos, muchos de ellos descendientes de chilenos, del norte de
la provincia de Neuquén y de comunidades mapuches del centro.
Los problemas giran en torno a la posesión de los campos y
los accesos a los lugares de pastoreo, descanso y aguadas, y afectan a buena
parte de las 2.500 familias que viven del arreo.
La actividad de los crianceros, pastores que en su mayoría
no tienen títulos de propiedad, es cíclica. Resisten el invierno en las tierras
bajas de las estepas (invernada) y en primavera trasladan sus cabras y ovejas
hacia las pasturas fértiles de la cordillera (veranada).
Los alambrados sobre las zonas ancestrales que transitan los
pastores reducen los callejones de arreo y les impiden llegar a los alojos
donde pernoctan con sus animales. Además no pueden acceder a las aguadas y se
ven obligados a utilizar las rutas, lo que implica un peligro para ellos, sus
animales y el tránsito vehicular.
Gran parte de ellos lleva años reclamando por las tenencias
de las tierras, ya sea porque son descendientes de varias generaciones que
vivieron en los campos o porque son comunidades aborígenes preexistentes al
Estado-Nación.
El fallo de la jueza Martina fue el primero favorable a una
comunidad indígena en un litigio trashumancia que determina la supremacía de la
legislación indígena por sobre el derecho privado.
En su resolución, la jueza escribió: “Concluyo en que la
posesión ejercida por la comunidad mapuche merece la protección supralegalmente
otorgada a la ocupación de territorios por las comunidades indígenas. Debiendo
considerarse la ocupación tradicional indígena es preexistente al Estado.
Confrontado el título exhibido por el actor (Duarte) con el ostentado por los
demandados, surge demostrado que el de estos últimos (los mapuches) posee
relevancia superior por resultar anterior en el tiempo y por ende preferido en
derecho”-
En la cordillera y en el centro
Raúl Maliqueo, integrante de la comunidad, dijo que el
exjuez Duarte aún mantiene cercada gran parte de los campos de veranada.
“Estamos esperando que haya una sentencia final porque tenemos entendido que él
va a apelar al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén o a la Corte Suprema de
Justicia de la
Nación. Queremos tener el veredicto final, no vamos a
meternos en las tierras a embarrar la cancha”, le dijo a Maliqueo a Infojus
Noticias.
Este tipo de problemas –explicó Maliqueo- son comunes a
todas las comunidades mapuches. En la cordillera los corren los grandes
emprendimientos forestales, los empresarios turísticos y los estancieros que
alambran campos de veranada, callejones de arreo y los accesos a los ríos y los
lagos. Y en la zona centro, los problemas son con las petroleras.
“La
Provincia vende nuestros territorios porque considera que son
fiscales y al no tener personería jurídica no nos otorgan los títulos de
propiedad”, dijo Raúl Maliqueo.
Y destacó que muchos mapuches fueron estafados. “Se llevaban
a nuestros lonkos a hoteles de lujo en Neuquén capital, los emborrachaban, les
hacían firmar papeles y les quitaban las tierras. Hoy no tenemos más miedo y
nuestros jóvenes estudian abogacía para poder defendernos, las comunidades
están más organizadas”.
Un pueblo vendido
El caso de los Maliqueo es común en Neuquén. “A los
permanentes atropellos contra pobladores ocupantes de las tierras por varias
generaciones se sumó la grotesca venta de un pueblo completo, como sucedió con
Sauzal Bonito”, explicó a Infojus Noticias el abogado de la CTA César Sagredo, que
intervino en varios conflictos con crianceros.
Recordó que en 1999 un empresario compró las tierras de la
pequeña aldea ubicada a orillas del río Neuquén. Tras asambleas populares y
trámites en la Dirección
de Tierras, en 2009 los pobladores consiguieron 76 permisos de ocupación.
“La
Provincia terminó realizando un negocio ruinoso”, dijo
Sagredo, al explicar que vendió “11.000 hectáreas
por 0.000 y recompró 2.720
hectáreas por un valor de mostrar.700.000”.
“Extranjeros adinerados y funcionarios ligados al gobierno
provincial han ocupado tierras fiscales y se están apropiando de aquellas que
desde tiempos inmemoriales han ocupado los crianceros o cerrando los pasos de
arreo”, agregó el abogado de la
CTA.
Y recordó otro caso emblemático: el de los 12 hermanos
Faundes que en 2003 al llegar a su campo de veranada, en las lagunas de
Epulaufquen, “se encontraron con que una poderosa abogada de Chos Malal les
había usurpado la tierra”.
“Los Faundes no sólo debieron enfrentar a la abogada para
recuperar su tierra: también al poder político, la Policía y la Gendarmería”, señaló.
En 2006, la jueza civil de Chos Malal Graciela Rossi restituyó la posesión de
las tierras.
A desalambrar
Algunas disputas se resuelven antes de recorrer los largos
pasos de la Justicia.
Hace menos de un mes, autoridades y personal de la Subsecretaría de
Tierras provincial levantaron postes y alambres que impedían el tránsito de
crianceros y los obligaba a hacer un desvío que les llevaba tres días más hacia
la veranada.
El responsable del alambrado fue el exdiputado del MPN Luis
Pessino, un hombre con varios antecedentes similares, que ganó cierta fama por
desviar hacia uno de sus campos el agua que abastecía a la localidad de
Andacollo. Por ese caso fue enviado a juicio, pero el fiscal Guillermo
Elfenbaum olvidó presentar las pruebas y finalmente fue absuelto.
Ahora, Pessino alambró el paso por la vieja traza de la Ruta Provincial
43, el primer callejón de arreo exclusivo para la trashumancia reconocido por la Ley Provincial N°
2808, sancionada el año pasado.
Para Gabriel Palmili, zootecnista que trabaja desde hace 29
años con los arrieros del Norte neuquino, el problema es más complejo, “no se
reduce a un enfrentamiento crianceros versus estancieros”. Consideró que desde
que la Provincia
comenzó a dar las tenencias de las tierras “surgieron problemas por los límites
de los campos entre vecinos que durante años convivieron sin ningún tipo de
problemas porque no hay personal para mensurar los lotes”.
Según Palmili, la mala política de tierras que aplica la Provincia acentúa los
conflictos y hacen que “la trashumancia esté en desaparición”.
Comunidades mapuches y organizaciones campesinas exigen el
cumplimiento de la legislación indígena y la sanción de una norma que contemple
la trashumancia y un reordenamiento territorial.
Nota relacionada: Toma del INAI: mapuches de Neuquén ratifican que se irán con la personería jurídica
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