Enviado por Corina Milán
Video: La Mara Producciones
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Texto completo que elaboramos entre una gran cantidad de
docentes de todos los niveles y que durante estos días se ha firmado en más de
50 instituciones educativas de Esquel, Trevelin, Aldea Escolar, Sierra
Colorada, Lago Rosario, Gualjaina, etc. (aún se está firmando en varias que se
siguen sumando) por aproximadamente 800 docentes.
Esta tarea de redacción y de recolección de firmas fue
emprendida por el colectivo docente fuera de las estructuras gremiales, sin
embargo se notificó e invitó a adherir a los sindicatos docentes y así lo
hicieron SITRAED Y ATECH.
También se recibieron adhesiones de estudiantes agrupados en
Centros de Estudiantes de los Institutos de Formación Docente y de
establecimientos de educación secundaria de nuestra localidad.
“EDUCAR PARA LA AUTODETERMINACIÓN: NUESTRO NO A LA MEGAMINERÍA”
Los docentes de
Esquel, Trevelin y la región abajo firmantes, en atención al rol social que
desempeñamos en la comunidad y en consonancia con la reciente declaración de
los pediatras de Esquel y la comarca, así como de otros colectivos que están
comenzando a pronunciarse, consideramos necesario expresar nuestro firme
rechazo ante la insistencia en la radicación del emprendimiento extractivo minero
que es de público conocimiento. Rechazamos asimismo la presencia en nuestra
comunidad de la empresa Minas Argentinas, fachada local de Yamana Gold, que no
hace otra cosa que traer controversias sobre un tema que ya ha sido debatido y
decidido por la sociedad esquelense.
Producto de ese profundo debate es la ordenanza 33/2003 que
declara a Esquel “Municipio Ambiental y Sustentable” y prohíbe la actividad
minera con uso de sustancias tóxicas y explosivos en nuestra localidad. A nivel
provincial, por su parte, aquel debate y aquella movilización popular generaron
la ley 5001, que impide la explotación minera a cielo abierto y con uso de
cianuro en Chubut. Asimismo, el HCD de nuestra ciudad declaró, mediante la
ordenanza 05/2004, el 23 de marzo de 2003 como “Día de la dignidad del pueblo
de Esquel”.
Todo esto pone de manifiesto que nuestra comunidad, con la
fuerza de una decisión colectiva incontrastable, ha decidido, con el 81 por
ciento de los votos, no otorgar la licencia social para este tipo de saqueos; y
además pretende sostenerlo mediante la conmemoración de esa consulta en las
instituciones educativas de la localidad. Para ello, el HCD ha declarado de
interés municipal el proyecto pedagógico “23 de marzo, Día de la dignidad del
pueblo de Esquel”, por ordenanza Nº 68/2011. Dada la coyuntura que nos convoca
nos parece oportuno recordar uno de los considerandos de dicha ordenanza que
fuera aprobada de manera unánime: “Que resulta de vital importancia que la
comunidad mantenga vivo el registro de uno de los momentos más significativos y
controversiales de su historia reciente y pueda utilizarlo como antecedente
insoslayable si se presentaran nuevas instancias de imposición de actividades
que afecten sustancialmente el medio ambiente compartido y la vida de sus
habitantes”.
Por otra parte, la ley provincial III-21 (ex ley N°4347), de
“Protección integral de la Niñez,
la Adolescencia
y la Familia”,
a la que el Estatuto Docente refiere para encuadrar nuestra labor, dice en su
artículo 10, inciso e): “Asegurar que todos los sectores de la sociedad, los
miembros de la familia, y en particular los niños y adolescentes, conozcan los
principios básicos de la salud y la nutrición, las ventajas de la lactancia
materna, la higiene, el saneamiento ambiental y todas las medidas de cuidado y
prevención.” Y en su artículo 29: “En la educación de los niños y los
adolescentes, el Estado, a través de los sistemas de enseñanza formal y no
formal, deberá propiciar la construcción de valores basados en el respeto por
los derechos humanos, por la pluralidad cultural, por la diversidad planteada
por la discapacidad o desventaja, por el medio ambiente, por los recursos
naturales y por los bienes sociales, preparándolos para asumir una vida
responsable”.
Día a día insistimos en una sociedad más justa, con futuros
ciudadanos que se manejen pacíficamente, en democracia, a favor de la vida y
luchando por sus sueños y convicciones. Desde la educación inicial abordamos el
cuidado de la naturaleza, el uso racional del agua y de la energía, el reciclaje;
también valores fundamentales como la solidaridad, la tolerancia, la
cooperación, el respeto por la diversidad;
o el derecho a la autodeterminación, asumiendo consecuencias y
responsabilidades. Luego, les enseñamos
matemática, lengua, música, idiomas, ciencias naturales, ética, tecnología,
plástica, teatro, ciencias sociales, geografía, historia, educación cívica con
la firme convicción de que estamos educando para la vida. Por eso, debemos
procurar coherencia entre aquello que enseñamos, el modo en que lo enseñamos y
las prácticas de nuestra propia vida personal y social.
Nos escuchan y nos miran los jóvenes y adultos que pueblan
escuelas de todos los niveles, institutos y facultades. Los proyectos de vida
que para muchos estaban vedados hace no tanto tiempo, son un horizonte posible.
La universalización de la educación secundaria implica pensar un nuevo mundo
del trabajo que es incompatible con una actividad como la megaminería por
depredadora y extractiva, por su insostenibilidad intrínseca. Docentes y
escuelas debemos demostrar a los estudiantes la ligazón entre palabra y acto,
para evaluar cuánto de viable tiene lo que declamamos, siendo protagonistas en
la construcción y defensa de las condiciones de materialidad que se ajusten al
futuro simbólico que proponemos. Educar para la libertad del mañana requiere
compromiso con la libertad hoy. Los docentes estamos atravesados por nuestra
problemática socioambiental; en consecuencia, tenemos el derecho y el deber de
asumir una postura clara y activa en defensa de los derechos humanos y la vida
de la comunidad a la que pertenecemos y con la que interactuamos.
Sabemos que cuando una empresa transnacional se instala en
una región, se instala también el intervencionismo. Su enorme poder económico
comienza a tener injerencia en todas las actividades e incluso suplanta a las
instituciones públicas. No es casual que en la propaganda minera lo primero de
lo que se hable sea de proveer infraestructura (hospitales, escuelas, etc). Su
influencia alcanza al poder político, a las fuerzas de seguridad, a los
mecanismos de la justicia, y también, por supuesto, a la educación.
A fin de conseguir la licencia social y apoyadas en sus
inmensos márgenes de ganancia, las empresas transnacionales, en connivencia con
funcionarios que les son adictos, ocupan los roles de un Estado deliberadamente
ausente y ponen recursos en actividades que puedan reportarles algún tipo de
adhesión. Esta presión no requiere necesariamente del dinero, sino que se
ejerce mediante la simple puesta en funcionamiento de sus relaciones políticas.
Como docentes, sabemos que la instalación de esta actividad
pone a merced de fuertes condicionamientos nuestra profesión y por tanto la
educación de los alumnos. Cualquier influencia que provenga de los intereses
rapaces de una empresa minera, sea por la asignación de fondos o mediante
diversos tipos de mecanismos coercitivos, coartaría nuestra forma de educar, de
aprender y de investigar. Vaya como ejemplo lo ocurrido con los manuales de
Educación Ambiental presentados en abril de 2011 por el Ministerio de Educación
de la Nación,
en los cuales se explicaban los efectos devastadores que la megaminería produce
en el medio ambiente y que no pudieron ser distribuidos en las escuelas debido
a la acción del lobby minero.
Tanto docentes como alumnos -la comunidad educativa entera-
nos veríamos restringidos para abordar ciertos temas, difundir determinado tipo
de trabajos, investigar el impacto ambiental, social o económico de la
megaminería o el comportamiento legal de las empresas transnacionales. ¿Cómo
deberíamos enseñar en esa situación? ¿Mintiendo? ¿Sin fundamentos
bibliográficos? Hoy nos avalan muchísimos autores, entre pedagogos, sociólogos,
hidrogeólogos, geólogos, químicos, científicos de todos los tipos, con estudios
a los que nuestros alumnos tienen la libertad de dirigirse para investigar. No
sería ético comenzar a tergiversar este conocimiento; estaríamos avalando una
sociedad futura irreflexiva, acrítica e ignorante.
Los docentes de todos los niveles educativos de la región
queremos seguir enseñándoles a nuestros alumnos que ser integrantes de una
república significa tener el derecho a la autodeterminación. Y frente a nuevos
o viejos embates de cualquier persona o empresa interesada en saquear nuestra
economía y nuestros bienes comunes, queremos tener la posibilidad de pararnos
críticamente ante la realidad.
Queremos que en nuestros alumnos se siga creando la
conciencia de que los representantes son eso, representantes y por lo tanto su
trabajo es representarnos o irse; que no son jefes ni patrones; que sus
compromisos partidarios no son más importantes que su obligación de
representarnos, y que estar entre una empresa transnacional y el pueblo no es
estar entre la espada y la pared, si se tiene conciencia cabal de que es al
pueblo a quien se debe representar.
Queremos seguir leyendo con ellos los derechos
constitucionales que nos amparan en el artículo 41 de la Constitución Nacional,
que declara que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo”.
Queremos que nuestros alumnos sigan analizando las
diferencias entre una actividad productiva y una actividad extractiva.
Queremos que nuestros alumnos sigan analizando el discurso
político cuando intenta confundir la megaminería saqueadora con cualquier otro
tipo de minería, o cuando da por sentada la necesidad de la extracción sin
analizar el destino final de cada mineral, ni cuestionar en ningún momento el
ritmo vertiginoso de consumo.
Queremos seguir analizando con nuestros alumnos y entre los
docentes por qué una economía local, regional o nacional no puede depender de
una sola actividad, mucho menos de una sola empresa, y mucho menos si esa
actividad es por un tiempo limitado.
Queremos seguir analizando con nuestros alumnos cuáles son
los roles de nuestros funcionarios, y su obligación de apoyar y generar
emprendimientos verdaderamente productivos, que permitan a la comunidad crecer
de manera sustentable y no quedar abandonada a los intereses transnacionales.
Queremos seguir investigando el funcionamiento del poder
político, y analizar entonces por qué la actividad privada del secretario de
Minería de la Nación,
Jorge Mayoral, cuyos vínculos con la empresa Barrick Gold fueron denunciados
por la diputada Fernanda Reyes, es incompatible con la función pública.
Queremos seguir debatiendo con nuestros alumnos el
significado de la expresión “judicialización de la protesta social”.
Queremos seguir con la saludable costumbre de analizar
discursos, para desmontar las mentiras de los empresarios cuando afirman, por
poner un ejemplo entre tantos, que un emprendimiento será por galerías y que el
material será lixiviado en otro lugar. Esta estrategia de fragmentación para
burlar los cuestionamientos ambientales cambiando la escala y la envergadura de
los megaproyectos ha sido prohibida incluso en Canadá.
Queremos analizar con nuestros colegas y alumnos la
problemática socioambiental sin limitarla a dimensiones económicas y técnicas,
sino vinculándola con los derechos humanos y el bienestar de las comunidades.
Por lo tanto, debemos denunciar el avasallamiento a las pautas culturales de
nuestra población cuando una empresa cambia el nombre de Esquel por el de
Suyai, cuando ignora la voluntad y la idiosincrasia de sus pueblos originarios
o cuando intenta lucrar y posicionarse a costa de su sufrimiento, como hemos
visto a raíz de las consecuencias que ha tenido en la meseta la erupción del
volcán Puyehue.
También queremos, y consideramos fundamental para nuestro
trabajo, que existan centros de estudiantes y cogobiernos en nuestras
universidades y colegios; y por lo tanto nuestros docentes deben tener la
posibilidad de debatir con sus alumnos sin ningún tipo de condicionamiento
corporativo.
Queremos que la educación siga siendo pública y gratuita,
financiada en un 100% por el Estado, sin la injerencia presupuestaria de
empresas y sin que dictaminen los contenidos que deben ser trabajados.
Queremos que el futuro de los estudiantes, docentes y
escuelas no esté predeterminado sino que tenga la potencia de construirse
colectivamente sin las imposiciones interesadas de estas empresas.
Queremos fortalecer el protagonismo ciudadano debatiendo la
historia y construyendo el conocimiento necesario para identificar las
políticas y a los sectores que promueven el pensamiento único y pretenden
instalar la desesperanza erigiéndose como única salida para las comunidades.
Queremos involucrarnos en la construcción de caminos hacia
un futuro colectivo y democrático, armónico con los DDHH y su plena vigencia,
donde los proyectos comunitarios e individuales sean posibles.
Queremos que el extraordinario proceso de educación popular
que la comunidad de Esquel generó y viene sosteniendo desde hace una década,
ese proceso de difusión de información científica sobre megaminería que hizo
punta en nuestro país y que es reconocido en todo el mundo, pueda tener su
correlato en la educación escolar y pública de nuestra comunidad. Porque, como
decía Paulo Freire: “Cuanto más crítico un grupo humano, tanto más democrático
y permeable es. Tanto más democrático
cuanto más ligado a las condiciones de su circunstancia”.
Y lo queremos porque concebimos un presente y un futuro en
el que las dictaduras militares no sean remplazadas por dictaduras
empresariales.
El video de la conferencia está disponible acá
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Nota relacionada: El Circulo Médico del Oeste del Chubut también rechaza la megaminería
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EXCELENTE COLEGAS!!!!! ABRAZOS PARA TODOS!!! NO ES NO Y EL QUE NO LO ENTIENDE QUE SE VAYA DE ESQUEL Y LA ZONA!!! BUSTOS PERSONA NO GRATA!!!
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